Desarrollo e implementación del modelo Barnahus en España

Debido a su vulnerabilidad y a una estructura social adultocéntrica, los niños y las niñas constituyen el grupo más afectado por las peores formas de violencia, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y otras formas de violencia sexual. Según los estudios de victimología del desarrollo de Finkelhor, los niños y las niñas pueden sufrir las mismas formas de maltrato y abuso que los adultos. Sin embargo, su vulnerabilidad y dependencia de los adultos los coloca en una situación de mayor riesgo. Esto se reconoce ampliamente en el campo de la victimología, que considera la minoría de edad como uno de los factores principales que aumentan el riesgo de sufrir abuso o maltrato. El término «factor victimógeno» se refiere a un conjunto de circunstancias que hace que ciertos grupos, como los niños y niñas, sean más propensos a sufrir situaciones de violencia (Rodríguez Manzanera, 2008). 

Asimismo, cuando se habla de la vulnerabilidad especial de los niños y las niñas frente a situaciones de violencia, se señala un mayor riesgo de que sufran efectos negativos a nivel emocional, psicológico y físico. Se ha demostrado que las víctimas menores de edad son más propensas a desarrollar problemas a largo plazo, tales como trastornos psicológicos (como ansiedad, depresión, estrés postraumático o pensamientos suicidas); efectos físicos (como incontinencia, dolores crónicos o problemas de salud inexplicables); dificultades en el ámbito sexual (como fobias, comportamiento hipersexualizado o problemas de deseo); y problemas sociales (dificultad para construir relaciones, aislamiento, rechazo familiar o problemas escolares). 

Enfocándonos en la violencia sexual, observamos que, año tras año, este tipo de violencia sigue impactando de manera desproporcionada a los niños y niñas. En 2023, se registraron 21.850 victimizaciones denunciadas (1) por delitos contra la libertad sexual; en casi la mitad de estos casos (9.185), la víctima era un niño o niña (Ministerio del Interior, 2024). 

Es importante señalar que, en el caso de la infancia, se van sumando a su especial vulnerabilidad, efectos agravantes. Uno de ellos, es que, en la mayoría de los casos, las personas que deberían proteger a estos niños y niñas son quienes los violentan, generando en ellos una profunda confusión entre amor, odio, deseo y vergüenza, sentimientos que pueden afectar su desarrollo social, emocional, psicológico y sexual (Save the Children, 2020). Los estudios indican que en 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia, el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño o niña. (Save the Children, 2023).

La violencia sexual es, por lo tanto, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a la infancia y provoca graves consecuencias.

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No obstante, la gravedad del delito y las repercusiones de esto en los niños y en las niñas es muy difícil de comprobar, debido en parte a la extrema vulnerabilidad de las víctimas menores de edad que en la mayoría de los casos tienen dificultades para relatar lo ocurrido, por sentir vergüenza, culpa, miedo a las consecuencias, o por normalizar la situación (Pereda, 2009).

A la falta de relato se suma una ausencia de pruebas físicas de este tipo de violencia, ya que suele dejar pruebas físicas escasas y secuelas no siempre visibles. Se estima que en menos del 10% de los casos (American Academy of Pediatrics, 2013) existe alguna prueba física del delito y casi nunca se cuenta con un testigo que pueda contrastar los hechos. La dificultad de poder demostrar el abuso sexual infantil explica, en parte, que sea un crimen infra denunciado (Pereda et al., 2016) y con alta tasa de sobreseimiento por falta de pruebas (Save the Children, 2016).

La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es, por lo tanto, un problema especialmente grave y delicado, que necesita un abordaje centrado en las particularidades de la víctima menor de edad y en la complejidad del proceso, en el que confluyen diferentes actores e instituciones. 

Se estima que los niños y las niñas víctimas de violencia sexual hablan, de media, con diez profesionales de cuatro instituciones diferentes y que el proceso, además de ser doloroso, es muy largo y en pocos casos acaba con la condena del perpetrador (Save the Children, 2018).

Está ampliamente demostrado que la reiteración del relato es altamente nociva para el niño o niña, que tiene que recordar su historia traumática cada vez que lo explica, dificultando su proceso de recuperación y resiliencia. Además de ser especialmente dañino para el niño o niña, la repetición de entrevistas es también perjudicial para el mismo sistema judicial. Diferentes estudios han demostrado que el relato del niño o de la niña se va contaminando con la intervención de los profesionales. Una de las consecuencias es la pérdida de calidad del testimonio del niño o niña, que puede llegar a ser completamente invalidado por el juez. Existen muchas razones que dificultan probar este delito. Entre ellas, las numerosas entrevistas a las que se somete al niño o niña, los espacios judiciales intimidantes, las largas esperas en pasillos, la posibilidad de encontrarse con el acusado y la falta de formación de los profesionales en temas de infancia.

A estos fallos del sistema judicial, le debemos sumar las lagunas de los otros servicios que también intervienen en estos casos y que contribuyen a agravar la victimización secundaria vivida por el niño o niña, cuando por falta de coordinación entre ellos, duplican algunas pruebas y pueden invalidar otras. 

En resumen, aunque la violencia sexual contra la infancia es un problema extenso y complejo que requiere una alta especialización de todos los profesionales involucrados, el sistema actual de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no responde adecuadamente a sus necesidades. En lugar de ofrecerles protección efectiva, el sistema los expone a un sufrimiento continuo. La falta de coordinación entre las administraciones judicial, sanitaria y de protección impide que se garantice el interés superior del menor en cada etapa del proceso. Para que la justicia garantice plenamente los derechos de los niños y niñas víctimas de violencia sexual, y para que los sistemas de salud y protección puedan ofrecerles una atención más adecuada, es fundamental un cambio de modelo que ponga el bienestar y los derechos de la infancia en el centro de la respuesta institucional y que unifique los sistemas judiciales y asistenciales para ofrecer al niño o niña una única respuesta adaptada a sus necesidades y a sus derechos (Save the Children, 2018). 

El modelo Barnahus

La respuesta más eficiente al problema de la victimización secundaria en casos de abuso sexual infantil y que además cuenta con validez científica, son las denominadas Casas de los Niños, conocidas en el ámbito internacional como Children’s Advocacy Centers (CAC), Barnahus o Children’s House.

Desde los años ochenta, existen en los Estados Unidos, los Children’s Advocacy Centers (Huntsville, Alabama, 1985). Son centros integrales, amigables con la infancia, que atienden a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato, agrupando en un mismo espacio todos los servicios y profesionales que intervienen en un caso, reduciendo las evaluaciones y entrevistas, gracias a la coordinación de equipos multidisciplinares compuestos por profesionales altamente formados y entrenados. La respuesta que ofrecen los CAC ha demostrado ser mucho más eficaz con relación al proceso judicial y más satisfactoria para el niño o niña (Herbert y Bromfield, 2016). Se ha demostrado (por ejemplo Cross et al, 2008) que la intervención multidisciplinar de los CAC mejora significativamente la experiencia de las víctimas y sus familias, garantizando una mayor participación de profesionales durante la entrevista con el niño (en el 81% de los casos), mejores adaptaciones en los espacios físicos (56% en los CAC, frente a solo 6% en el modelo tradicional), mayor acceso a exámenes médico-forenses (48%) y a servicios de salud mental (72% en los CAC, comparado con un 31% en el sistema tradicional).

En Europa, desde el año 1998, existe en Islandia el modelo Barnahus, Casa de los Niños en islandés. Como el modelo americano, la Barnahus coordina en un mismo espacio todos los servicios implicados en un caso de abuso sexual infantil. En estas casas, la policía y los servicios de protección, justicia y salud trabajan juntos, bajo el mismo techo, para atender a los niños y niñas víctimas. 

En estos centros el niño o niña explica su historia una vez, lo hace en un entorno agradable y los diferentes profesionales de los departamentos implicados (interior, justicia, protección y salud) asisten a esta entrevista a través de circuito cerrado de televisión y, además, se graba la entrevista para evitar que el niño o niña tenga que ir a juicio oral para declarar (Pereda et al., 2021). El uso de la prueba pre constituida es una de las principales diferencias entre el modelo islandés y el modelo estadounidense, que no la permite. Esta práctica, reconocida a nivel internacional y europeo, es una de las más efectivas para evitar la victimización secundaria en niños y niñas, ya que reduce la cantidad de entrevistas, asegura que los profesionales que intervienen estén capacitados para evitar preguntas sugestivas o influir en el testimonio, y limita la necesidad de que el niño o niña se presente en los tribunales durante el juicio. La inclusión de la prueba pre constituida en el modelo Barnahus se basa en la tradición jurídica de los países nórdicos, que priorizan la protección de los niños y las niñas víctimas de delitos, evitando que tengan que comparecer en juicio. Estos países cuentan con una larga trayectoria de conciencia sobre el riesgo de «revictimización» que los niños y niñas pueden sufrir dentro del sistema judicial, y hacen todo lo posible por evitar que los menores estén presentes durante el juicio.

Cabe destacar que el uso de servicios integrales en un entorno amigable como es Barnahus, no solo beneficia a las víctimas, sino que también mejora el funcionamiento de la Administración de Justicia. Estos servicios reducen los tiempos de espera y evitan dilaciones innecesarias, lo que permite preservar mejor la memoria del niño o niña. Este método favorece que el relato del niño sea de mejor calidad, más detallado y preciso, y pueda llegar a ser una prueba de mejor calidad en el proceso penal. Al ser atendido por profesionales especializados, el niño o niña puede ofrecer un testimonio más claro y detallado sobre el acusado y el delito sufrido. Además, la tasa de denuncias y condenas es significativamente más alta cuando la víctima recibe atención multidisciplinar. Al estar todos los servicios bajo el mismo techo, se agiliza el proceso judicial y se reduce la victimización secundaria que suele sufrir el niño o niña víctima de abuso. 

Beneficio para el bienestar de los niños y para el proceso judicial

Una de las mayores ventajas del modelo Barnahus es que ha demostrado a lo largo del tiempo su eficiencia y cuenta con numerosos estudios y datos que avalan su eficacia, tanto en lo que se refiere al bienestar del niño o niña y de su familia, como en mejoras del proceso judicial. Los datos de la Barnahus de Islandia demuestran que, desde que se implementó, se han triplicado el número de sentencias favorables para el niño o niña y se han duplicado las investigaciones. Una de las posibles conclusiones a este dato es que el relato del niño, al estar recogido con más cuidado, se presenta como una prueba más decisiva en el juicio (Gudbransson, 2021).

En Suecia, otros datos evidencian que la implementación de las Barnahus ha supuesto una mejora en la notificación de casos, demostrando que este modelo no solo mejora la atención, sino también la detección y la notificación de los casos de abuso sexual infantil.

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La eficiencia de este modelo reside tanto en la calidad de la intervención como en su flexibilidad. En algunos países, las Barnahus dependen del sistema de protección de la infancia y son psicólogas de este departamento quienes entrevistan a los niños, pero en otros, las Barnahus son lideradas por el sistema de salud, o por las municipalidades, y muchas veces los entrevistadores son policías. La base común es el trabajo multidisciplinar y la colaboración interdepartamental en un espacio amigable para los niños y jóvenes. 

Aunque puede haber variaciones entre los distintos centros, las Barnahus son siempre entornos amigables, en los que el niño o niña nunca entra en contacto con su supuesto agresor, y en los que personal especializado se encarga de las entrevistas y peritajes forenses, tanto médicos como psicológicos.

Garantizar la calidad de la atención

Para asegurar la calidad del modelo sin impedir su expansión y adaptación al territorio, la red PROMISE, un proyecto de colaboración entre países que busca garantizar un alto nivel de calidad al modelo Barnahus, propone 10 estándares de calidad para fomentar su implementación en diferentes países, manteniendo su esencia y objetivos fundacionales:

• Estándar 1. Poner el interés superior del niño en el centro de la intervención.
• Estándar 2. Trabajar desde un marco regulador formal, multidisciplinario e interdepartamental.
• Estándar 3. Incluir a todos los niños y niñas víctimas de alguna forma de violencia como posibles usuarios del centro.
• Estándar 4. Proporcionar un entorno amigable para niños, niñas y adolescentes.
• Estándar 5. Gestión interdepartamental del caso.
• Estándar 6. Entrevista forense.
• Estándar 7. Examen médico.
• Estándar 8. Servicios terapéuticos.
• Estándar 9. Formación continuada y desarrollo de competencias.
• Estándar 10. Prevención: compartir información, sensibilizar y construir competencia externa.

La colaboración interdepartamental 

El trabajo conjunto, bajo el mismo techo, de todos los profesionales de las diferentes instituciones, es la piedra angular del modelo Barnahus, que propone servir el interés superior del niño o niña con un giro de perspectiva, siendo los profesionales que se desplacen a la Barnahus y no al niño. Se trata de un cambio de paradigma que pone literalmente al niño o la niña en el centro. 

En el modelo Barnahus no es el niño el que se adapta al sistema, sino que el sistema se adapta al niño. Se demuestra que este cambio es positivo no solo para el niño o niña, sino también para su familia, para los profesionales que tienen más apoyo y seguridad en su toma de decisión sobre el caso, gracias al trabajo con otros profesionales, y además para el propio proceso judicial que también sale beneficiado, aumentando las acusaciones e investigaciones y siendo las pruebas periciales de mejor calidad.

Tenemos que tener claro que la colaboración interdepartamental no significa que todos los profesionales de todos los servicios estén siempre presentes en la casa, sino que tenemos que diferenciar dos equipos de profesionales: el equipo fijo, que está siempre presente en la casa, y el equipo móvil, que solo se traslada para realizar sus tareas.

El equipo fijo está compuesto mínimamente por tres personas: una profesional coordinadora, experta en victimología infantojuvenil y conocedora del proceso penal; un profesional de trabajo social encargado de la relación con la  familia; y un profesional del ámbito de la psicología encargada de realizar las entrevistas exploratorias iniciales en casos de sospecha y de la atención terapéutica.

Los profesionales del equipo móvil están vinculados a las Barnahus, pero no están siempre presentes, solo acuden a la Barnahus para realizar sus funciones y mantienen una comunicación fluida con el equipo fijo en cada momento. El equipo móvil está constituido por el juez de instrucción, el fiscal y el abogado de la defensa que se desplazan a la Barnahus para participar en la realización de la prueba pre constituida, o pueden participar en remoto desde el Juzgado. Además, se desplazan también el profesional del ámbito de la psicología forense que lleva a cabo la entrevista forense con el niño o niña y una persona profesional del ámbito de la medicina forense, acompañada de una personal profesional del ámbito de la pediatría o de la ginecología, encargadas de realizar el examen médico forense y detectar si hay indicadores físicos del maltrato. 

El modelo Barnahus en España

Desde el año 2020, el modelo Barnahus ya es una realidad en España. En medio de la pandemia de la COVID-19, abrió en Tarragona (Cataluña) la primera Barnahus del Estado español, impulsada por la Dirección General de la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con los departamentos de Justicia, Interior, Salud y Educación de la misma Administración. El modelo Barnahus catalán sigue los fundamentos del modelo original islandés y ofrece un equipo de profesionales fijos y de unos equipos móviles, y ofrece los siguientes servicios: la recepción/entrada única; seguimiento y coordinación de casos con los actores del territorio; la entrevista forense realizada por un equipo móvil del departamento de justicia; el examen médico en casos históricos no agudos realizado por un equipo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña; y la atención psicológica ofrecida, en función de las necesidades del caso, por los profesionales de salud mental del departamento de Salud o por el equipo psicosocial de la propia Barnahus. 

Tres años después de abertura, la Barnahus de Tarragona ha atendido más de 700 casos, y en este territorio las cifras de notificación del abuso sexual infantil se han multiplicado por 4 en esta zona. 

De hecho, la provincia de Tarragona tiene una tasa de notificación desmesuradamente superior a las otras provincias catalanas, lo que demuestra la eficacia del modelo y del principio de puerta única que aporta claridad a un proceso antiguamente muy confuso, y fomenta la notificación y derivación de casos. A raíz de estos buenos resultados, el Gobierno catalán abrió en 2024 13 nuevas Barnahus en todo el territorio.

Estos últimos dos años, varias otras Comunidades Autónomas han seguido el camino marcado por Cataluña y han empezado a trabajar en la implementación del modelo Barnahus en su territorio, como son el País Vasco, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Navarra, Cantabria, Andalucía o las Islas Baleares. 

Finalmente, cabe destacar a nivel nacional dos grandes hitos que han sido decisivos para el impulso del modelo Barnahus en España. Primero, a nivel normativo, dos recientes leyes orgánicas fomentan su implementación de manera contundente.

Por una parte, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, más conocida como LOPIVI, y por otra la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Ambos textos insisten en la necesidad de crear centros integrales, especializados para los niños y las niñas víctimas de violencia sexual, y la ley 10/2022 insiste en que estos centros sigan los fundamentos del modelo Barnahus.

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Y a nivel político, el modelo Barnahus goza del apoyo del Gobierno del Estado español, que ha demostrado en varias ocasiones su compromiso hacia el modelo y está implementando, de la mano del Consejo de Europa y de la Unión Europea, el proyecto bianual Fortalecimiento de la justicia adaptada a la Infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las Regiones de España, que acabará en 2027, y cuyo objetivo es dar a conocer y fomentar la implementación del modelo Barnahus en España. 

Notas

(1) Se entiende por victimización, de acuerdo con la definición del Informe sobre delitos contra la libertad sexual (Ministerio del Interior, 2024, p. 59): el número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal.