Las personas con problemas de salud mental tienen derecho a tener una vida autónoma, independiente y normalizada, a una completa inclusión en la comunidad y a disponer de servicios de apoyo a su autonomía que permitan que así sea.
Las personas con problemas de salud mental tienen derecho a que se respete su intimidad y privacidad. Esto es especialmente importante en los contextos asistenciales, donde la confidencialidad es fundamental.
La desigualdad social, ya existente antes de la pandemia, no ha hecho más que agravarse debido a la misma. Ni la sociedad ni las políticas públicas deben dejar a nadie atrás.